Un señor que reclama 162.000 euros de indemnización, el arreglo de su casa y una pensión vitalicia de otros 26.000 porque ha quedado plenamente impedido tras un accidente, aunque luego se le descubre atendiendo las plantas de su jardín. Un charcutero que pedía otros 68.000 euros también por lesiones pero que sigue cortando jamón como el primer día...
Son solo dos de los miles de casos de intentos de fraude al seguro del coche detectados por las compañías en España, donde esta práctica se ha duplicado desde el inicio de la crisis. En 2012 cuatro de cada 100 siniestros declarados fueron intentos de fraude, un 72% más que en 2011 y el doble que en 2009.
Un fraude que repercute al resto de los asegurados
Los datos, obtenidos por Línea Directa Aseguradora tras el estudio de 30.000 intentos de estafa en los dos últimos años, se refieren a casos detectados, pero le llevan a estimar que el coste total del fraude para el sector ascendería en España a unos 1.000 millones de euros, un 30% más que en su primer informe sobre el tema.Obviamente, como esos datos son tenidos en cuenta por las compañías a la hora de ajustar sus pólizas, lo engañado se traslada a las pólizas de todos los conductores que sufren un incremento medio de un 16% en lo que pagan para compensarlo. Lo cual quiere decir que, en un seguro tipo a terceros con un coste de 230 euros, 38 se pagan por lo que estafan otros. Eso supone un 52% más que hace dos años.
Aunque se podría decir que a muchos no les importa. Según una encuesta realizada en paralelo a la investigación, el 10,7% de los entrevistados (equivalente a tres millones de conductores del censo total) y un 33% (nueve millones) no lo consideran especialmente grave. Además, otro 30% (8 millones) no dudarían en participar en esta estafa si tuvieran la seguridad de quedar impunes.
La explicación más reiterada (70% de las respuestas) para justificar estas cifras es que engañar a los seguros forma parte de nuestra forma de ser, algo que el estudio desmiente ya que los niveles de fraude son equiparables al detectado en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, donde según la Coalition Against Insurance Fraud, el 66% de los conductores consideran que no es especialmente grave defraudar al seguro.
En cuanto a los objetivos de los defraudadores también resultan claros: el 26% para arreglar un daño para el que no se tenía cobertura, mientras que el 11% encuentra una "sólida" justificación moral en que "lo hace todo el mundo".
Intentar incluir dentro de un parte daños ajenos al accidente sigue siendo el fraude más común (74% casos). Luego vienen los fraudes por los proveedores (11%), los montajes (9%) y querer hacer pasar como un golpe una avería mecánica (2%). En lo referente a las lesiones, mucho menos frecuentes pero de importe mucho mayor, la simulación copan el 98% de los casos. El otro 2% es por declarar lesiones preexistentes al accidente.
Sin embargo, lo que más preocupa no es la pequeña picaresca de los conductores, sino el fraude organizado a gran escala, tanto por su elevado coste económico como por su gran peligrosidad social. Por ejemplo, la Guardia Civil ha desmantelado días atrás una estafa organizada que había defraudado un millón de euros simulando accidentes con coches de gama alta comprados en el extranjero.
Datos de los defraudadores
Por meses, julio, que coincide con un periodo vacacional, es el que más fraude registra, con un 12%. Por el contrario, febrero es el menos con menos estafas, con apenas un 5,7% del total.
Línea Directa también ha dibujado el mapa del fraude en España de acuerdo a su propia cartera de clientes, algo que ya hizo en 2011. Para ello, la compañía, que cuenta con una cartera de más de 1,8 millones de coches, ha analizado todos los casos detectados el pasado año y los ha cruzado con el total de siniestros declarados en cada provincia. Según los resultados, Jaén, Ciudad Real y Murcia son los territorios donde esta práctica es más habitual y Ávila y Huesca los que menos estafas registran.
El importe medio de cada intento de estafa ronda los 885 euros, una cifra que superan 10 provincias. Entre ellas, destaca Pontevedra, con un coste que triplica la media nacional: 2.858 euros, donde ha tenido lugar algún caso importante de banda organizada. En el lado contrario volvemos a encontrarnos a Ávila, con una media de 110 euros, ocho veces menos que la media general.
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